Senado aprobó la militarización de puertos: la Marina se encargará de administrarlos

Ciudad de México, 28 de octubre de 2020 (Infobae).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la reforma a diversas leyes por las que la administración de los puertos del país, hasta ahora a cargo de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pase a manos de la Secretaría de Marina, en lo que sus principales críticos calificaron como una “militarización” del sector.

El Pleno, que se reunió de forma presencial en medio de fuertes medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19, aprobó en lo general el dictamen que envió la Cámara de Diputados con 70 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones.

Unos minutos después, con 61 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones, se aprobaron los artículos reservados que se discutieron en lo particular. Por lo tanto, se aprobó de forma definitiva el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos.

Ahora, sólo basta la firma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el principal promotor de la reforma, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el dictamen aprobado, consultado por Infobae México, el decreto “entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación” en el DOF.

Entre las nuevas facultades de la Marina estará la regulación de comunicaciones y transportes por agua. Además, la Semar ejercerá la autoridad marítima en la zonas marinas mexicanas, puertos y terminales, así como otorgar los contratos, concesiones y permisos en este ámbito.

También será deber de la Marina administrar los puertos, organizar a la marina mercante y establecer los requisitos que deben cumplir su personal técnico. Además, deberá prevenir la contaminación marina por parte de embarcaciones y el vertimiento de desechos de mar.

Sin embargo, las advertencias de la oposición fueron ominosas, en busca de detener la reforma. “Estamos debatiendo un tema trascendental de la vida del país. Tiene que ver con el rumbo y visión del país, si queremos un régimen civil o uno militar”, expresó Damián Zepeda, senador del PAN (Partido Acción Nacional).

El legislador opositor citó el artículo 129 de la Constitución mexicana, al que han hecho referencia los críticos para apuntar contra la propuesta aprobada. El fragmento dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Ya en semanas anteriores, senadores del PAN habían manifestado a este medio que la reforma “es inconstitucional”.

Mónica Fernández, senadora de Morena, el partido de la mayoría y fundado por López Obrador, argumentó lo contrario. “No se vulnera el artículo 129 constitucional”, dijo. “La Marina y la Armada de México son de distinta naturaleza jurídica. El actuar de la primera se rige por legislación civil y no militar. Es una trasferencia entre secretarías de estado", añadió.

Las reformas fueron aprobadas a pesar de las protestas que hace un par de semanas llevaron a cabo integrantes de la Marina Mercante, que habían mostrado su “preocupación y rechazo" por las “nefastas consecuencias que para el comercio marítimo traerían la aprobación" del dictamen.

Y es que López Obrador fue quien propuso la iniciativa en julio pasado, duramente criticada, incluso al interior de su gobierno, ya que el entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, renunció por esta diferencia. El argumento del mandatario es que, debido a la corrupción que impera en el sector, la única solución era involucrar a las Fuerzas Armadas. Hace un par de semanas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a pesar de los esfuerzos de la oposición para impedirlo.

El dictamen enviado al Senado también amplía la facultad a la Semar para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante, además de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.

Fuente: Infobae